Algunos gobiernos autonómicos, muy especialmente el de la Comunidad de Madrid, están acometiendo en estos últimos meses sustantivos recortes económicos en servicios sociales básicos como la educación pública. En el caso de Madrid el recorte ha consistido en asignar veinte horas semanales de docencia a cada profesor de la secundaria en centros públicos en lugar de las dieciocho que hasta ahora impartía. Para ello la presidenta regional no ha dudado en recurrir a la calumnia de que el profesorado tan solo trabaja esas dieciocho horas -su supina ignorancia concibe de este modo el trabajo del profesorado- y que, en consecuencia, pedirle dos horas de trabajo adicional, en un contexto de crisis económica aguda, no era mucho exigir. De paso lanzó la mentira de que esto ya sucede en Andalucía. En Castilla-La Mancha ni siquiera se miente: simplemente, como en 1984 de Orwell, se manipula el lenguaje y se niega que un recorte sea tal cosa. Pasar de dieciocho a veinte horas significa lisa y llanamente reducir plantillas. De acuerdo con los sindicatos del sector se trata de una reducción de 3.000 profesores. El Gobierno regional indicó que para afrontar esta minoración se suprimirían las tutorías. Pero hay más. Un recorte de este calibre significa reducir considerablemente horas de biblioteca o de laboratorio o la supresión de desdobles en ciertas materias (como Matemáticas o idiomas) y cuanto se tercie. (seguir leyendo)
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