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La Cumbre Social convoca a la ciudadanía para que reclame urgentes medidas que solucionen el escenario de crisis


La Cumbre Social (de la que FAPAR Teruel forma parte) convoca a la ciudadanía a participar en las movilizaciones que se celebrarán el próximo 10 de marzo. Bajo el lema:" Contra el paro, seis millones de razones. Por una democracia social y participativa"; la Cumbre Social Aragonesa continua reclamando alternativas más solidarias a las políticas de austeridad y reformas laborales, aplicadas por el Gobierno, que están empobreciendo el país y creando una brecha social insostenible.
El principal problema que tiene el país es el desempleo. Con seis millones de desempleados  de los que 2 millones no reciben prestación alguna y los 1.800.000 hogares sin ninguna fuente de ingresos dibujan una sociedad desvertebrada, desprotegida y con serios riesgos de exclusión social.
Al preocupante escenario económico hay que sumar la devaluación democrática de las instituciones españolas y la nube de corrupción que envuelve a numerosos partidos políticos. La Cumbre Social Aragonesa denuncia las políticas antisociales impuestas por la Unión Europea aplicadas con pleitesía por el Gobierno de Mariano Rajoy que debilitan nuestro sistema democrático, atacan al Estado de Bienestar y vulneran a las capas sociales más débiles.
Para exigir políticas que dinamicen la economía y fomenten el empleo, fortalecer la cobertura social para atender a los más perjudicados por la crisis y una profunda regeneración democrática, esta movilización parte de la iniciativa de la CES para dinamizar un mes de marzo reivindicativo. En España, CCOO y UGT y la Cumbre Social recogen el guante y convocan a la ciudadanía española para unir sus voces el próximo 10 de marzo. En Teruel a las 12,00h. en la Plaza de la Catedral, donde las diferentes mareas ocuparemos nuestro lugar para emprender la manifestación. 

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA Y MAREA VERDE 27 DE JUNIO EN TERUEL


          Estamos viviendo tiempos difíciles en la Educación. El Gobierno estatal, los gobiernos autonómicos y, en concreto, el Gobierno de Aragón, quieren imponernos un modelo de Educación de principios del siglo pasado.


          Los recortes que la Educación Pública y sus profesionales están sufriendo están poniendo en peligro el futuro de nuestro país. Sin invertir en Educación no saldremos de la crisis que padecemos. En estos momentos, los poderes públicos ya han dejado, o han decidido dejar de invertir, en todo el Estado, más de 4.500 millones de euros. En Aragón más de 100 millones.



          La Educación es un derecho básico establecido en nuestra Constitución. Y ésta debe ser de calidad y generadora de igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía.



          Sin embargo, las políticas de nuestros Gobiernos han decidido que es más importante salvar cajas y bancos que invertir en una Educación de calidad para todos y no sólo para las clases privilegiadas. No estamos dispuestos a permitir que eso ocurra. La Educación es de todos y para todos a lo largo de toda la vida.



          Las medidas adoptadas e impuestas por Real Decreto Ley que van a incidir negativamente en la calidad del sistema educativo y en su equidad , junto a otros recortes, van a suponer:



- Un mayor número de alumnos en cada clase y menor tiempo de atención individual por parte del profesorado.
- Falta de espacios adecuados en las aulas que se quedarán pequeñas.
- Falta de contratación de sustituciones, en caso de baja del profesorado.
- Reducción de grupos de apoyo, desdobles de clase, refuerzos...
- Cierre de unidades e incluso de centros, sobre todo en los pueblos.
- La paralización de nuevos ciclos de Formación Profesional.
- La supresión de modalidades y de optativas de Bachillerato.
- Tener que pagar íntegramente los libros de texto.
- Un aumento importante de las cuotas de comedor y menor número de becas para los más necesitados.
- La privatización de servicios educativos.
- Pagar mucho más dinero para ir a la Universidad con el aumento de las tasas universitarias, haciéndose inaccesible económicamente para las familias con dificultades al realizarse paralelamente una disminución de las becas y el aumento de la nota mínima para acceder a ellas.

- El recorte de plantillas, la precariedad, la pérdida de derechos laborales y el desempleo para tantos trabajadores de la enseñanza e investigadores.