Respecto a la causa argumentada para ese rechazo, la presidenta de Fapar, Vanesa Jiménez Casorrán, recuerda a la Consejería de Educación y al Gobierno de Aragón que son "responsables de la financiación de los servicios públicos y que en el caso de Educación, la concertación, es decir, el destino de fondos públicos a los centros privados, se otorga para el pago de docentes y programas educativos que tienen como destinatario al alumnado, pero en ningún caso son responsables de sus infraestructuras, privadas, ni de su mantenimiento, acondicionamiento o creación".
