Autoridad en la escuela

Que en la escuela se ha perdido autoridad es una evidencia. Lo que no lo es tanto es que la autoridad se restaure con una ley, sobre todo, como es el caso, si no puede tener consecuencias penales porque las comunidades autónomas no pueden cambiar el Código Penal. La Fiscalía de Catalunya desde el 2006 y la del Estado desde diciembre del 2008 ya consideran que una agresión a un maestro de la escuela pública debe tratarse como un atentado a la autoridad, penado con hasta cuatro años de cárcel. Y la nueva ley educativa de Catalunya otorgó la condición de autoridad solo a los directores de los centros, precisamente porque ya existía la instrucción de la fiscalía. La ley de Aguirre se limitará, pues, a conceder al profesor la presunción de veracidad –su palabra tendrá más valor que otras en un conflicto– y a otros aspectos disciplinarios.Todo lo que se haga para reforzar de verdad la autoridad del profesor –tratarle de usted o levantarse cuando entra en clase son anécdotas sin valor real–, debe ser bienvenido. Pero para eso está ese pacto educativo que tanto reclama el PP y que ahora el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, está dispuesto a discutir. Ese debe ser el camino, en lugar de iniciativas apresuradas y oportunistas al calor de la emoción suscitada por unos incidentes que, además, es dudoso que estén originados por la falta de autoridad en las aulas.

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