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Aprobada por unanimidad una Resolución de apoyo internacional en contra de
las reformas educativas y los recortes en la educación española
Durante un
seminario internacional celebrado en Lisboa del 2 al 5 de mayo, CCOO, UGT y
STEs pidieron apoyo a los sindicatos participantes para exigir la retirada
inmediata de la Ley Wert.
En el
seminario internacional celebrado durante la primera semana de mayo en Lisboa,
en el marco del Congreso de FENPROF (Federación Nacional de Profesores de
Portugal), 37 sindicatos de 22 países de América Latina, Europa, Asia y África
apoyaron una resolución presentada por los sindicatos españoles FECCOO,
FETE-UGT y STES contra la LOMCE y los recortes educativos en España.
Desde el año 2010, España ha perdido prácticamente un tercio de sus recursos en
educación. En todos los niveles y etapas educativas se han eliminado miles de
empleos y se han degradado las condiciones de trabajo de los profesionales de
la educación; se han disminuido drásticamente las becas y ayudas para las
personas con más necesidad; se han eliminado un gran número de medidas de apoyo
y compensación para el alumnado con más dificultades; y se han aumentado
desorbitadamente las tasas para acceder a determinados niveles educativos, como
la Educación Infantil, la Formación Profesional y la Universidad.
Estos recortes en educación, por sí mismos, ya han puesto al sistema educativo
español en una situación de extrema gravedad, pues debilitan enormemente el
conjunto de recursos que hacen posible la consecución de sus principios, por
ejemplo proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos, la
equidad, la inclusión educativa o la adecuación de la educación a la diversidad
de aptitudes, intereses y expectativas.
En este contexto, el gobierno del PP ha presentado su contrarreforma educativa
siguiendo tres grandes ejes: el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE), el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL) y el Informe de expertos sobre la
Universidad, documento básico sobre el que se elaborará la próxima reforma de
la Universidad española. Todos estos proyectos representan una consolidación de
la perversa e inútil política de recortes que lleva a cabo el gobierno y
suponen un claro retroceso en la educación pública española.
Estas contrarreformas parten de un diagnóstico erróneo e interesado de la
situación actual. Una situación, en buena parte, estratégicamente inducida,
pues son los nocivos efectos de los recortes impuestos los que se utilizan como
argumento para justificar unas reformas antisociales que, en España, suponen
una clara vulneración del derecho constitucional a la educación, como ya lo
hizo, en su momento, la reforma laboral para la negociación colectiva, o la Ley
de Tasas judiciales para la tutela judicial efectiva.
La LOMCE modifica en profundidad nuestra actual Ley Orgánica de Educación (LOE,
2006), una ley que sólo tiene seis años de vida. Ni siquiera hay una cohorte
completa de alumnos que hayan cursado toda su escolaridad de acuerdo a sus
supuestos, ni tampoco existe, por tanto, una evaluación que determine su
eficacia. A pesar de ello, el gobierno actual cree que hay que abordar con
urgencia una reforma educativa hecha sin un buen diagnóstico, sin debate, sin
diálogo y sin consenso.
La propuesta no ha dejado indiferente a nadie, pues introduce una serie de
modificaciones estructurales que van en la dirección contraria a la evidencia
empírica, tanto a nivel nacional como internacional, en lo que respecta a
factores de calidad y mejora en la enseñanza. Es una reforma fundamentalmente
ideológica que cambia el paradigma de la educación en nuestro país. Entre otras
muchas cosas: segrega al alumnado tempranamente en el marco de la escolaridad
obligatoria hacia trayectorias educativas de distinto valor; administra
obsesivamente evaluaciones externas y censales sin atender a los procesos y a
la intervención de los propios profesionales en ellos; refuerza las materias
instrumentales y degrada o debilita otro tipo de enseñanzas integrales y
fundamentales para la formación; segrega al alumnado por sexo y por su
condición social; debilita la educación pública y potencia la privatización;
pervierte el sentido de la autonomía y la gestión de los centros educativos;
reduce drásticamente el papel de la comunidad educativa en la gestión y el
control en la educación; recentraliza las competencias educativas territoriales
y reintroduce la religión (sólo) católica en todos los cursos.
La dirección que se tomará en la reforma universitaria española, que se
desprende del informe previo encargado por el Ministerio de Educación a una
comisión de expertos, no es en absoluto alentadora. La reforma pretende acabar
con las formas de gobierno democráticas, la libertad de cátedra y la autonomía
universitaria, que son, en realidad, una barrera para los procesos de
privatización y de mercantilización de la educación pública superior, lo cual
no mejorará la eficiencia ni la gestión en las universidades. El principal
problema de las universidades públicas es su insuficiente financiación,
agravada con los recortes de los últimos años, que están provocando despidos de
personal docente e investigador y de administración y servicios, deterioro de
la calidad del sistema y disminución de la oferta educativa.
Una buena educación pública es la mayor riqueza y el principal recurso de un
país y de sus ciudadanos. Entendemos que esta contrarreforma educativa “global”
que se está llevando a cabo en nuestro país atenta escandalosamente contra los
principios y fines de la educación, hasta el punto de hacer peligrar la
capacidad que todo sistema educativo debe tener para garantizar el ejercicio de
la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica.
La educación en España, y muy especialmente la educación pública, se encuentra
en una situación de riesgo de extrema gravedad. El trámite parlamentario de la
nueva LOMCE es inminente y, en este momento de gran trascendencia para nuestro
país, debemos seguir mostrando la más contundente de las repulsas y el más
frontal de los rechazos, porque otras políticas educativas son posibles, en
nuestro país y en el resto de países que están sufriendo la misma ofensiva
contra la educación pública, gratuita y universal.
Con este apoyo internacional, los sindicatos queremos reivindicar una vez más
la ineficacia de esta reforma y proponer que se abra un debate y un diálogo
amplio con la comunidad educativa para analizar los problemas reales del sector
y buscar las soluciones más adecuadas.
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