La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, contra la política de privatización de la DGA: https://www.diariodeteruel.es/teruel/la-plataforma-en-defensa-de-la-escuela-publica-contra-la-politica-de-privatizacion-de-la-dga
MANIFIESTO – DINERO PÚBLICO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Hoy la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Teruel, vuelve a salir a la calle para decir alto y claro que la educación pública no se vende, se defiende.
Queremos mostrar nuestro rechazo a la creciente privatización que el Gobierno de Aragón está impulsando en nuestro sistema educativo. Las decisiones anunciadas en los últimos meses, como la concertación del bachillerato o la financiación pública de escuelas infantiles privadas, no responden a ninguna necesidad real del sistema educativo. Son decisiones políticas que debilitan la escuela pública y desvían recursos públicos hacia intereses privados.
Debemos recordar que en Aragón existen más de 2.300 plazas de bachillerato sin ocupar en centros públicos. Por tanto, los millones de euros de dinero público que el Gobierno pretende entregar a empresas privadas para concertar 2º de bachillerato constituyen un gasto totalmente innecesario. No responde a falta de plazas ni a necesidades de escolarización. Responde únicamente a una apuesta ideológica por la privatización.
Del mismo modo, los 13,5 millones de euros que se quieren destinar a financiar empresas privadas que ofrecen el primer ciclo de educación infantil para concertar el nivel de 2 años podrían invertirse perfectamente en fortalecer la red pública: ampliando las escuelas infantiles públicas de la DGA o abriendo más aulas de 2 años en los centros públicos de infantil y primaria.
Mientras tanto, la realidad en nuestros centros educativos es bien distinta.
En muchos colegios e institutos falta profesorado, faltan técnicos de educación infantil, auxiliares de educación especial, personal administrativo, personal sanitario, personal de limpieza, conserjes y personal de mantenimiento.
Hay centros que no reciben a tiempo los libramientos necesarios para su funcionamiento, lo que provoca situaciones tan absurdas como no tener presupuesto suficiente para encender la calefacción cuando es necesario.
Seguimos teniendo centros sin climatizar, sin ascensores, con patios e infraestructuras deterioradas, con conexiones a internet que no funcionan correctamente, con servicios de comedor mejorables porque no se invierte en cocinas propias, con bancos de libros insuficientemente financiados.
Y en demasiadas ocasiones, muchos de estos problemas solo se resuelven —o al menos se parchean— gracias al esfuerzo económico de las familias, que terminan pagando lo que debería garantizar la administración pública.
Pero, además, hay una realidad que a menudo se olvida cuando se habla de educación en Aragón: la educación rural.
En la provincia de Teruel, la escuela pública no es solo un servicio educativo. Es también una herramienta imprescindible para mantener vivos nuestros pueblos.
En muchos municipios turolenses las aulas siguen abiertas con apenas tres, cuatro o cinco alumnos. Se mantienen abiertas porque cerrar una escuela significa muchas veces acelerar el abandono del pueblo.
Las escuelas rurales sostienen el territorio, vertebran la comunidad y garantizan que vivir en un pueblo no suponga tener menos derechos que vivir en una ciudad.
Sin embargo, estas escuelas se enfrentan cada día a enormes dificultades: profesorado itinerante que tiene que desplazarse entre varios pueblos, escasez de especialistas, problemas de transporte escolar, falta de servicios complementarios y ayuntamientos pequeños que muchas veces tienen que asumir gastos que deberían corresponder a la administración autonómica.
Muchas familias dependen además de que existan escuelas infantiles o aulas de 0-3 años para poder quedarse a vivir y trabajar en sus pueblos. Servicios que en demasiadas ocasiones se sostienen gracias al esfuerzo de los propios ayuntamientos rurales.
Por eso resulta todavía más incomprensible que, mientras el medio rural lucha por mantener abiertas sus escuelas públicas, el Gobierno de Aragón decida destinar millones de euros a financiar centros privados que nunca van a instalarse en nuestros pueblos.
Porque en el medio rural la educación siempre ha sido —y solo puede ser— educación pública.
Cuando la comunidad educativa exige soluciones para todos estos problemas, la respuesta que recibimos siempre es la misma: que no hay dinero.
Pero sí parece haber dinero para financiar centros privados.
Para eso sí hay recursos.
El desvío de dinero público hacia la educación privada tiene consecuencias directas sobre la escuela pública, y quienes las sufrimos cada día somos quienes enseñamos, aprendemos y convivimos en los centros educativos.
Por todo ello hoy estamos aquí.
Y por todo ello nos seguiremos movilizando.
Para exigir algo tan sencillo como justo:
que el dinero público sea para la escuela pública.
Para exigir que el Gobierno de Aragón deje de desviar recursos a intereses privados y empiece a invertir de verdad en los centros educativos que son de todas y de todos.
¡Dinero público para la educación pública!
