Estamos viviendo tiempos difíciles en la Educación. El
Gobierno estatal, los gobiernos autonómicos y, en concreto, el Gobierno de
Aragón, quieren imponernos un modelo de Educación de principios del siglo
pasado.
Los recortes que la Educación Pública
y sus profesionales están sufriendo están poniendo en peligro el futuro de
nuestro país. Sin invertir en Educación no saldremos de la crisis que
padecemos. En estos momentos, los poderes públicos ya han dejado, o han
decidido dejar de invertir, en todo el Estado, más de 4.500 millones de euros. En
Aragón más de 100 millones.
La Educación es un derecho básico
establecido en nuestra Constitución. Y ésta debe ser de calidad y generadora de
igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía.
Sin embargo, las políticas de
nuestros Gobiernos han decidido que es más importante salvar cajas y bancos que
invertir en una Educación de calidad para todos y no sólo para las clases
privilegiadas. No estamos dispuestos a permitir que eso ocurra. La Educación es de todos y
para todos a lo largo de toda la vida.
Las medidas adoptadas e
impuestas por Real Decreto Ley que van a incidir negativamente en la calidad
del sistema educativo y en su equidad , junto a otros recortes, van a suponer:
- Un mayor número de alumnos en cada clase y menor tiempo de atención
individual por parte del profesorado.
- Falta de espacios adecuados en las aulas que se quedarán pequeñas.
- Falta de contratación de sustituciones, en caso de baja del profesorado.
- Reducción de grupos de apoyo, desdobles de clase, refuerzos...
- Cierre de unidades e incluso de centros, sobre todo en los pueblos.
- La paralización de nuevos ciclos de Formación Profesional.
- La supresión de modalidades y de optativas de Bachillerato.
- Tener que pagar íntegramente los libros de texto.
- Un aumento importante de las cuotas de comedor y menor número de becas para
los más necesitados.
- La privatización de servicios educativos.
- Pagar mucho más dinero para ir a la Universidad con el
aumento de las tasas universitarias, haciéndose inaccesible económicamente para
las familias con dificultades al realizarse paralelamente una disminución de
las becas y el aumento de la nota mínima para acceder a ellas.
- El recorte de plantillas, la precariedad, la pérdida de derechos laborales y
el desempleo para tantos trabajadores de la enseñanza e investigadores.
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