Es un documento muy crítico con el Anteproyecto al que plantea importantes cuestiones de forma, de fondo y de legalidad.
Algunas de ellas son:
Insuficiencia de la valoración económica aportada por el ministerio. Se solicita que se incluya una Disposición que recoja la Memoria Económica.
Crítica a la falta de estabilidad legislativa. Considera deseable un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales que de estabilidad al sistema.
Hay un cierto cuestionamiento a los itinerarios, pues establece argumentaciones de estudios y sistemas educativos contrarios a la segregación temprana del alumnado.
No se deduce con claridad el criterio definidor de la distribución entre materias troncales y específicas.
No comparte que haya materias cuya oferta no sea obligatoria, las cuales deberían darse en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado.
No comparte la desaparición de estudios éticos, y específicamente de EPyC.
Pide recuperar en el anteproyecto los porcentajes competenciales para las CCAA (55% o 65%).
Recomienda que se mantenga como optativa obligatoria para su oferta la Educación Artística. Es la misma posición que se adopta para muchas otras optativas en todas las etapas educativas.
Considera que existe confusión entre currículo y competencias.
No comparte el reparto propuesto de las competencias en educación entre el Gobierno y las CCAA.
Considera que no es suficiente la autonomía dada a los centros a nivel curricular.
No comparte el tratamiento menor de la Educación Artística en la Educación Primaria.
Considera que la primera evaluación no debe ser en segundo curso de Educación Infantil, siendo mejor en tercero que en el curso anterior.
Estima necesario que la Educación Primaria se configuré con, al menos, dos ciclos de 3 cursos cada uno.
Rechaza pruebas de evaluación anuales en Educación Primaria, ni que están desreguladas en cursos distintos en función de cada CCAA.
Cuestiona que no se aclare quiénes ejecutarán las reválidas, debiendo figurar expresamente en la Ley que se realizarán siempre por funcionarios públicos, nunca por personas contratadas al efecto y menos aún por empresas privadas.
Sugiere que el acceso al examen final de 4º no sea posible con materias suspendidas.
No encuentra justificado el desdoblamiento del Bachillerato en Humanidades/Ciencias Sociales.
Critica la utilidad de las certificaciones obtenidas por no superar las evaluaciones conducentes a la titulación.
Piensa que es mala la configuración del contenido de las reválidas.
Es favorable a mantener la PAU, no a pruebas específicas de las Universidades.
Piensa que la Formación Profesional Básica no puede ser enseñanza obligatoria, aunque quizás sí el primer curso.
Pregunta, una vez aprobada la ESO por la vía de enseñanzas aplicadas sin tener 17 años, ¿qué hace el alumnado mientras cumple esa edad?
No se explica que no se mantenga el acceso a los 18 años mediante prueba de acceso a los
CFGS.
Cuestiona que los técnicos profesionales tengan que pasar una reválida para acceder al
Bachillerato en el que se enfrenten a materias troncales, sin haberlas cursado, y pregunta
cuáles son.
Avisa que promover la calidad del sistema no puede ir en contra de la equidad (especialización curricular, excelencia, mejora rendimiento).
Considera que al pedir la cuenta un 20% del expediente académico para la especialización curricular, se debe modular para garantizar siempre la equidad y la cohesión del sistema.
Expone que la regulación de la educación diferenciada debe ser justificada de forma objetiva y razonable, con un programa y medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad, destacando la importancia de la educación mixta, añadiendo que la igualdad de género es constitutiva de Democracia.
No comparte que los Consejos Escolares dejen de ser órganos de gobierno al pasar la atribución de competencias a un órgano unipersonal, por lo que piensa que la autonomía se limita y el control se ejerce por agentes y órganos externos al centro incrementando la dependencia de otras instancias.
No respalda la presunción de veracidad de los docentes pero sí el valor probatorio de los hechos contrastados, sin perjuicio de pruebas en defensa.
Puede potenciarse la dirección del centro, pero se debe mantener la decisión o codecisión de la Comunidad Educativa-Consejo Escolar-Claustro, derecho a participar en la gestión y control.
Mantener antigüedad en el centro para ser director del mismo, conocerá su realidad.
No comparte que se reduzca la presencia de la Comunidad Educativa en la selección del director, porque contradice la autonomía del centro.
No a eliminar la preferencia del profesorado del centro para ser director del mismo.
Rechaza la desaparición de la mención expresa sobre que la selección del director se decidirá democráticamente por la Comisión.
Recuerda que las evaluaciones deberán hacerse por criterios objetivos.
Estima que el nuevo estatus de la religión supone un retroceso con relación a la situación actual.
No comparte que la denominación de la alternativa sea valores culturales y sociales, sino que estiman mejor valores éticos y sociales.
Considera que el alumnado que opte por la religión estará discriminado al no cursar valores
éticos y sociales durante todo su periplo educativo, los cuales se consideran imprescindibles.
Piensa que todos los modelos de las CCAA para lenguas cooficiales son válidos, el Estado
no puede frustrar la elección del modelo a las CCAA.
Esgrime que la obligación del castellano mediante la financiación de centro privados, no es posible, ya que debe hacerse en la red pública.
Afirma que no se conocen las bases de desarrollo de la educación plurilingüe, preguntando a que se refiere el anteproyecto en este apartado.
Considera que sobre las TICS es necesaria la planificación de la dotación de las infraestructuras tecnológicas, del impacto económico, y de un plan de formación de profesores y alumnos, así como la realización de un plan ambicioso y concreto con implicación de todas las CCAA.
Estima necesario reconsiderar el plazo de implantación, para que sea gradual.
Valoración de FAPAR a la LOMCE
- Inestabilidad legislativa. Séptima reforma en democracia. Hace un año el
PP rechazó el Pacto Social, y político en Educación propuesto por el
ministro Ángel Gabilondo, muy trabajado y consensuado
- Es engañosa en su denominación Se habla de “calidad” pero ésta no se garantiza,
al contrario, se rebaja, al fomentar
la excelencia de los mejores sin potenciar un aprendizaje común a
todos y preocupándose sólo por los mercados.
- Es
antidemocrática No cuenta
con diálogo ni consenso, con
escaso tiempo para el debate, inexistente, más allá de la web y reuniones
del Ministro; de espaldas a la comunidad educativa (sin profesorado,
familias, alumnado), sin contar con grupos políticos y sociales,
centralizando, uniformando y sometiendo a un control burocrático la
educación.
- Es mercantilista Prima el concepto de trabajador sobre el de formación de la persona. Considera los centros como empresas (los
directores se convierten en gestores). Se incluye en “emprendimiento empresarial” desde la Primaria, que sólo
puede fomentar la competitividad y la visión mercantilista de la vida en
lugar de los valores de solidaridad y cooperación. La aparición de
itinerarios desde los 15 años segrega alumnado y desprestigia la FP expulsando al mercado
laboral mano de obra barata y sin
cualificación La inclusión de la Formación Dual confunde la empleabilidad de
los estudiantes con su formación y acabará creando puestos de trabajo gratuitos en la formación y precarios al acabarla
(contratos en prácticas)
- Es
ideológica Responde a un modelo ideológico conservador que
no cree en la igualdad de oportunidades ni en la educación como
instrumento de ascenso social de las clases más desfavorecidas. Prima el
beneficio de una élite obviando
que la educación es un derecho fundamental para todos. Busca obsesivamente
la obtención de mejores resultados en los informes internacionales. Olvida el papel integrador de la escuela como compensadora de
desigualdades. Relega la enseñanza
de lenguas cooficiales. Potencia
la escuela concertada frente a la pública, dejando a estos centros
fuera de los controles y normas que rigen la escuela pública, ampliando la
duración de los conciertos, primando la demanda social de plazas y restando
participación en los consejos escolares. Introduce el principio de veracidad para el profesorado,
imponiendo el autoritarismo a las buenas prácticas de convivencia. Suprime y reduce materias en formación
de valores universales e introduce la Religión y su Alternativa en Valores éticos.
- Es
excluyente y segregadora. Hoy
no se entiende ya una ley de educación que no garantice la equidad y la igualdad de oportunidades,
y esto se consigue con una ley que garantice el éxito de todos y no la
excelencia de unos pocos. Es segregadora
con el alumnado con más dificultades con itinerarios que le abocan a escasa cualificación y pésima
formación. Plantea numerosas
pruebas y reválidas escritas (considerando la educación una carrera de
obstáculos para seleccionar al alumnado y manifestando una clara
desconfianza en el profesorado), con costes elevados (casi 4 millones de
euros por curso, en una época de recortes brutales en programas y
profesorado). Establece clasificaciones
de los centros en función de los resultados de su alumnado, así
como la especialización de los Centros. Abre la puerta a la concertación de centros con enseñanza
diferenciada
- Anula
la participación. La
participación es un derecho de las personas y un principio constitucional.
No se puede conseguir un verdadero éxito escolar sin la implicación la
participación y el compromiso de todos los miembros de la comunidad
educativa. Manifiesta una absoluta desconfianza en el
profesorado y su profesionalidad. Se confunde la autonomía de los centros con la competitividad. Las
familias existimos en esta reforma sólo para ofrecer una falaz libertad de
elección de centro Los consejos escolares pasan a ser consultivos, aunque se haya suprimido
tal denominación y los directores a tener poder absoluto.
P.D.:1997 Licenciado en Geografía e Historia. 2007 Doctor en Pedagogía. Ex-Director del CRIET de Alcorisa. 
La Asociación
de padres y madres de alumnos del CRA Sierra de Albarracín, ha secundado en la localidad de Torres de
Albarracín, el encierro convocado a nivel estatal contando con una afluencia de
más del 85% de las familias y profesorado que conforman el CRA Sierra de
Albarracín. A las 19 horas se ha
llevado a cabo una asamblea con todos los asistentes en la que se ha informado
de las distintas novedades que en cuanto a recortes en educación van surgiendo,
se ha valorado favorablemente secundar la huelga prevista para el próximo mes,
y se ha procedido al recuento de firmas que en días próximos se presentará ante
la Dirección Provincial de Educación. Tras la misma se han realizado dos pancartas con las que se acudirá a la
manifestación convocada para el próximo 9 de mayo. A las 22:00 horas se ha
realizado una cena de sobaquillo en la que los participantes han cambiado
impresiones acerca de los temas tratados en la asamblea. 
