Profesores y padres de alumnos llevaban años reclamando un marco normativo que fijase los protocolos de actuación para asegurar la igualdad de oportunidades de los niños con necesidades específicas de apoyo educativo. No solo de los niños con discapacidad, sino también de los alumnos que, por determinadas circunstancias, necesitan programas especiales o una atención extra prolongada en determinados periodos de su etapa escolar. Por ejemplo, los niños adoptados procedentes de otros países que se incorporan a una edad tardía al sistema educativo, los chavales con déficit de atención o los alumnos con dislexia. (seguir leyendo)
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